31/03/2014

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Articulo

Un amparo ordena a IFAI intervenir en el caso de la masacre de San Fernando


Ana Cristina Ruelas

El 18 de marzo –después de dos años de soportar la resistencia del IFAI de atender su mandato–  el Poder Judicial de la Federación nos otorgó el amparo a fin de que este órgano aplique los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos y analice si, en el caso de la masacre de 72  migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, existe la duda sobre la existencia de violaciones graves a derechos humanos y, en su momento, ordene la publicidad de la investigación que se encuentra en trámite.

El Juez Sexto de Distrito reiteró en su sentencia al juicio 1189/2013 que las averiguaciones previas no son estrictamente reservadas, que es necesario hacer un análisis casuístico a fin de determinar su publicidad, y que el IFAI es competente para interpretar su ley y aplicar la excepción por violaciones graves a derechos sin necesidad de alguna declaración previa sobre su existencia.

En el recuento de los daños, recuerdo el momento en el que director de Asuntos Jurídicos me dijo “nos vemos en tribunales”, con la seguridad de que éstos le darían la razón sobre la incompetencia del IFAI aludida. Incluso, en el foro que se realizó en el recinto del Instituto en el mes de septiembre, los especialistas aseguraron que no era competencia de éste aplicar la excepción prevista en el último párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales si no hubiere pronunciamiento previo de autoridad competente como la CNDH, el Poder Judicial u otro organismo internacional de derechos humanos.

Lo que ni el IFAI ni los expertos entendieron en ese momento es que ARTICLE 19 nunca supuso que el IFAI tuviera competencia para determinar la existencia de un delito o la probable responsabilidad de un individuo. Se trataba de garantizar el derecho para el que fue creado, el de acceso a la información, de aplicar una excepción que se encuentra en su ley y atender los estándares que la propia Corte ya le había impuesto.

La petición de ARTICLE 19 era clara: que el IFAI asumiera una posición relevante en la garantía del derecho a la verdad, que reconociera que no era necesario la existencia de alguna declaración para hacer un análisis exhaustivo sobre los hechos notorios del caso de la masacre de los 72 migrantes y después señalara, sin prejuzgar, que existe duda suficiente sobre la existencia de violaciones graves a derechos humanos a fin de que la sociedad –que también fue víctima de estos hechos– pudiera conocer lo que pasó y lo que están haciendo las autoridades para que no vuelva a pasar.

El contexto que enmarca el caso de la masacre de San Fernando habla de la necesidad de una explicación por parte del Estado a la sociedad sobre su política de protección a migrantes y también de las investigaciones que se han llevado a cabo a partir de ésta. El Estado debe rendir cuentas a la sociedad sobre las acciones que ha realizado para que estos hechos no queden impunes. Es necesario que la ciudadanía pueda hacer un escrutinio de la actuación de su gobierno ante hechos gravosos que marcan la historia. Sin el conocimiento de la verdad no hay confianza ni seguridad.

Ahora solicitamos que el IFAI acate la orden del juez, que no vuelva a solicitar la revisión del amparo, que asuma su responsabilidad y que ordene, por fin, la publicidad de la investigación. 

* Ana Cristina Ruelas Serna es Oficial del Programa de Derecho a la Información de ARTÍCULO 19, Oficina para México y Centroamérica.



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